Las empresas públicas están administradas por los Estados o las corporaciones públicas, además de los organismos territoriales si fuera el caso. No obstante, la Unión Europea avisa que una empresa pública tiene otras potestades y que solo se necesita la actuación del poder público a través de algún tipo de influencia o ejercer directamente la financiación de la misma. De hecho, una empresa pública también tiene la posibilidad de tener acciones por parte de alguna parte del sector privado y elegir aquellos negocios que más les interesen.

¿Qué es una empresa pública?

A la hora de determinar el criterio para saber si una empresa pública entre dentro de este grupo debe medirse la capacidad del Estado para ejercer algún tipo de presión sobre la misma, y tener un grado de influencia que le permita participar en la toma de decisiones en las más altas esferas. Obviamente, la persona que tenga un mayor número de acciones y, por tanto tenga el control de la compañía, debe ser el mismo Estado. De hecho, un cambio de gobierno que se pueda producir a lo largo de las legislaciones puede significar un cambio a la hora de administrar algún tipo de empresa pública, especialmente cuánto mayor sea el mismo. Pasar de ser gobernado por las derechas a las izquierdas va a conllevar modificaciones en la filosofía de la empresa debido a las diferencias de visiones que se puedan producir. Los principales objetivos de las empresas públicas son aumentar la producción de bienes y servicios de la comunidad, además de intentar generar un empleo público de calidad que pueda satisfacer a un importante grupo del país.

En España, los trabajadores de una empresa pública o de la Administración son conocidos como funcionarios, y presentan enormes ventajas que luego conoceremos en profundidad. A grandes rasgos, cuentan con un horario y un salario bastante atractivo, además de casi una inmunidad a la hora de ser despedidos. De hecho, existe mucha controversia con los denominados funcionarios. Algunos documentales en televisión han puesto de manifiesto una enorme pasividad por parte de estos, debido a las grandes condiciones de trabajo de las que disponen. Incluso, un programa de Cuatro grabó como los trabajadores de la justicia de Valencia protagonizaban recurrentes episodios de ausentismo laboral. Por tanto, en muchas ocasiones se ha exigido un mayor control sobre el rendimiento de sus trabajadores ya que sabiendo la dificultad de ser despedidos se acaban relajando.

La misma controversia puede venir dada por las formas de financiación de las mismas. Tienen el mismo recorrido que una empresa privada pero menos riesgo. No hay que obviar que la principal fuente de financiación son los impuestos pagados por todos los ciudadanos. De esta manera, aunque no se obtenga un beneficio neto a partir del negocio de dicha empresa, siempre se contará con una financiación fija en cada ejercicio. Sin ir más lejos, TVE eliminó las cuotas publicitarias, e independientemente del share obtenido por su parrilla de programación, la televisión pública en España iba a tener una fuente de financiación estable durante cada trimestre. Obviamente, las finalidades de una empresa pública son muy diferentes a las de una empresa privada. Nunca tienen como objetivo principal la obtención de un beneficio neto, uno de los grandes objetivos del capitalismo. Su presencia en el mercado siempre se ha justificado a partir de la necesidad de ser regulado y evitar que se vaya de las manos con malas prácticas como los oligopolios o los monopolios. Por tanto, desde las empresas públicas se trabaja obviamente para ser rentables, pero sobretodo para incidir en una distribución de la renta mucho más justa y que esta tengo un efecto importante a nivel macreconómico.

Ventajas de la empresa pública

Con todo, trabajar y la existencia de empresas de carácter público tiene enormes ventajas para la comunidad. Las más destacadas son las siguientes:

  • Meritocracia en el acceso a los puestos de trabajo. En la sociedad actual, existen muchas quejas por los denominados enchufes e influencias a la hora de seleccionar al personal. Esto no ocurre en los funcionarios públicos ya que el acceso se rige por unas oposiciones donde cada uno de los candidatos debe ser capaz de sacar la máxima puntuación en unas pruebas. Solo los mejores se quedarán con los puestos.
  • Conseguir estabilidad laboral. Es otro de los grandes problemas del mercado actual, dominado especialmente por la presencia de contratos basura y por un cambio realmente grande en cada una de las posiciones. Conseguir entrar en un puesto de funcionario público tiene sus dificultades pero una vez estás dentro consigues una enorme estabilidad.
  • Los ciudadanos tienen algo que decir. Aunque a veces no se cumple, uno de los principios de la democracia es la sobiranía nacional, es decir, que el poder proviene del pueblo. En este sentido, los ciudadanos tienen el derecho de opinar sobre el futuro de la compañía.
  • Cumple una función pública. Tal como se ha dicho anteriormente, las empresas públicas tienen un claro objetivo público buscando mejorar la calidad de vida de la población y ofrecer oportunidades laborales competitivas a toda la sociedad.

La financiación de este tipo de empresas tiene dos orígenes muy claros. Por un lado, está el Tesoro Público que reúne el dinero que proviene de los diferentes tipos de impuestos que pagan los ciudadanos. Además, en cada ejercicio, los beneficios tienen una particularidad y es que la gran mayoría se vuelven a volver a invertir. A diferencia de las empresas privadas, no existe un grupo administrativo ni de accionistas mayoritario a nivel privado que requiera unos beneficios mínimos durante cada mes.

Historia de las empresas públicas

Pese a que actualmente la empresa pública en España da empleo a numerosos funcionarios, su historia es relativamente corta y tiene sus inicios a principio del siglo XX. A nivel mundial se iniciaron en Estados Unidos a finales del siglo XIX con las primeras asociaciones comerciales y en 1914 con la primera empresa pública de transporte. En Europa y Latinoamérica lo haría a principios de la década de 1900, mientras que en España lo haría específicamente en 1924 con la aparición de Telefónica, una de las empresas líderes en el sector de las telecomunicaciones actualmente. La expansión de la compañía telefónica fue abismal lo que llevó a la privatización de la misma y actualmente aporta un servicio de telefonía, tanto fija como móvil, además de prestar servicio de fibra óptica y televisión. Otra de las principales empresas públicas fue Renfe, que apareció en 1941 poco después del fin de la Guerra Civil. Actualmente, sigue siendo la principal empresa ferroviaria en nuestro país aunque su concurso le ha llevado a la privatización en parte con un régimen mixto, tanto privado como público.

Especialmente, importante fue el papel de la empresa pública durante la primera etapa del franquismo donde Franco apostó por un régimen proteccionista, autárquico y con poca presencia internacional. Sin embargo, su segunda etapa que se inicia en 1955 hasta su fallecimiento en la década de los 70 fue protagonizado por una apertura económica internacional, reforzado por el nacimiento a principios de la década de los 50 de Seat, una empresa automovilistica que inicialmente fue una empresa pública y como muchas posteriormente se acabó privatizando. La apertura económica de España fue potenciada por el Plan de Estabilización que se firmó en 1959 y donde se cambiaba radicalmente el papel del Estado, pasando de ser el principal productor de bienes y servicios a ser un simple observador y regulador del mercado. Por primera vez, en España volvía un sistema capitalista real a mediados del siglo XX y se empezaban a escoger franquicias rentables.

En la década de los 80, la empresa pública empieza a notar una falta de rentabilidad coincidiendo con la crisis mundial del petróleo. A partir de entonces se inicia un proceso de privatización de la mayoría de compañías que ven que siendo públicas no obtendrán los beneficios esperados por ellos. En este sentido, a día de hoy, son mayoritarias las empresas privadas con un sistema capitalista mucho más fuerte donde el objetivo es el máximo beneficio al mínimo coste. A mediados de los 90 nace el SEPI, como organismo regulador de todas las empresas públicas. La Administración pública, las escuelas, los hospitales públicos, los servicios de seguridad y bomberos y los servicios de biblioteca, junto a algunos servicios de transporte se han quedado como las únicas opciones disponibles a nivel público como empresas públicas. Los trabajadores para entrar en este tipo de empresas públicas deben realizar una serie de oposiciones a unas plazas determinadas. Las mejores calificaciones son las que acaban quedándose con este tipo de plazas. Sin duda, un método realmente de meritocracia todos aquellos que demuestren su valía. Los enchufes y los amiguismos están prohibidos en las empresas públicas. Muchos, sin embargo, son criticados en la clase política por su cargo público y posteriormente favorecer a su empresa privada. Los avances tecnológicos y la inversión online es más lenta. Con todo, las empresas públicas siguen jugando un papel muy importante en nuestro país proporcionando un Estado del Bienestar, por el cual los ciudadanos pueden beneficiarse de unos servicios sanitarios, educativos y administrativos de calidad sin un coste extra y solo a partir del pago de sus impuestos en el IRPF a nivel mensual.

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